El poder en manos de colectivos siempre es un riesgo, un
riesgo para los particulares, para aquellos individuos de a pie cuyos derechos
fundamentales pueden ser vulnerados y causarles daños irreparables. El riesgo
se convierte en peligro cuando estos colectivos copan las instituciones estatales
como en este caso el Congreso, de los 130 congresistas 73 son fujimoristas (FP)
con capacidad suficiente para sacar leyes a su antojo y, como estamos viendo en
estos días, incluso osar en interferir otros poderes. Los ejemplos en nuestro
país de vulneración a los Derechos Fundamentales son infinitas: Desde aquellas
resoluciones judiciales que ordenan privación de libertad sin una sentencia
firme, o hechos delictivos que nunca se han investigado o que se archivaron por
órdenes del “presidente” ya que las víctimas (familiares) no tienen ni recursos
ni influencia; o simples normas municipales o regionales que permiten la
instalación de grandes complejos industriales que finalmente terminan vulnerando
derechos a la propiedad, derecho a la protección de la salud, o a la vida misma,
o leyes que salen del Congreso con nombre y apellido favoreciendo licitaciones
(Informe Pari)[1], aunque este último afecta intereses generales
de todos. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién defiende a los particulares
frente al poder Estatal?, o, dicho de otra manera, ¿quién nos defiende frente a
ese “monstruo” llamado Estado? Es precisamente por estas causas que la
comunidad internacional ha venido implementando instancias supranacionales para
garantizar se protejan derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie; para
nuestro Región es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para Europa
(CEDH) o para África la (CADHP).
Es aquí (CIDH) donde los particulares de a pie podemos
recurrir cuando el Estado (Congreso, Juez, Policía, alcalde, etc.) vulnere o
ponga en peligro nuestros derechos fundamentales. Y es esta Corte quien
ordenará al Estado que garantice absoluto respeto a los Derechos Fundamentales
de los particulares.
Dicho ello, en el conflicto que se viene generando entre el “Fuji-Aprimos”
que tienen controlado el Congreso, y el Tribunal Constitucional (TC) está en
juego Derechos Fundamentales de los familiares de dos personas muertas en 1986 por
agentes de la marina en el primer gobierno de “AG”. Dos familias valientes que
vienen luchando 31 años por saber
quién mató a sus familiares, que de momento ya está en marcha los
juicios orales, sin embargo, con la posible destitución de los Magistrados del
TC, existe gravísima amenaza a la independencia del Poder Judicial, que de no
retractarse los Congresistas del “fuji-aprismo” y desoyen a la CIDH[2],
otra vez los familiares se verían perjudicadas a pesar de 31 años de lucha por
saber la verdad.
En resumen, lo que vemos es, cómo este colectivo “fuji-aprismo”,
oficialmente FP y APRA, se aprovecha del Congreso para violentar el derecho
fundamental a “un juez independiente, autónomo e imparcial” que tienen los
familiares de esas dos personas muertas en 1986.
Reflexión, o cerramos los ojos y nos hacemos los locos y
probablemente la próxima victima sea cualquier de nosotros, o salimos enérgicamente
a rechazarla en defensa del respeto estricto, al menos, de los Derechos
Fundamentales.
[1] Informe Parí, se puede visitar en: https://ia601902.us.archive.org/19/items/InformeJuanPari2016/InfPari2016.pdf
[2] Medida Cautelar de la CIDH, se puede visitar en: https://es.scribd.com/document/367388083/Caso-TC-Corte-Interamericana#download&from_embed