lunes, 18 de diciembre de 2017

CUANDO LOS COLECTIVOS SE CONVIERTE EN UN PELIGRO

El poder en manos de colectivos siempre es un riesgo, un riesgo para los particulares, para aquellos individuos de a pie cuyos derechos fundamentales pueden ser vulnerados y causarles daños irreparables. El riesgo se convierte en peligro cuando estos colectivos copan las instituciones estatales como en este caso el Congreso, de los 130 congresistas 73 son fujimoristas (FP) con capacidad suficiente para sacar leyes a su antojo y, como estamos viendo en estos días, incluso osar en interferir otros poderes. Los ejemplos en nuestro país de vulneración a los Derechos Fundamentales son infinitas: Desde aquellas resoluciones judiciales que ordenan privación de libertad sin una sentencia firme, o hechos delictivos que nunca se han investigado o que se archivaron por órdenes del “presidente” ya que las víctimas (familiares) no tienen ni recursos ni influencia; o simples normas municipales o regionales que permiten la instalación de grandes complejos industriales que finalmente terminan vulnerando derechos a la propiedad, derecho a la protección de la salud, o a la vida misma, o leyes que salen del Congreso con nombre y apellido favoreciendo licitaciones (Informe Pari)[1], aunque este último afecta intereses generales de todos. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién defiende a los particulares frente al poder Estatal?, o, dicho de otra manera, ¿quién nos defiende frente a ese “monstruo” llamado Estado? Es precisamente por estas causas que la comunidad internacional ha venido implementando instancias supranacionales para garantizar se protejan derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie; para nuestro Región es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para Europa (CEDH) o para África la (CADHP).
Es aquí (CIDH) donde los particulares de a pie podemos recurrir cuando el Estado (Congreso, Juez, Policía, alcalde, etc.) vulnere o ponga en peligro nuestros derechos fundamentales. Y es esta Corte quien ordenará al Estado que garantice absoluto respeto a los Derechos Fundamentales de los particulares.
Dicho ello, en el conflicto que se viene generando entre el “Fuji-Aprimos” que tienen controlado el Congreso, y el Tribunal Constitucional (TC) está en juego Derechos Fundamentales de los familiares de dos personas muertas en 1986 por agentes de la marina en el primer gobierno de “AG”. Dos familias valientes que vienen luchando 31 años por saber quién mató a sus familiares, que de momento ya está en marcha los juicios orales, sin embargo, con la posible destitución de los Magistrados del TC, existe gravísima amenaza a la independencia del Poder Judicial, que de no retractarse los Congresistas del “fuji-aprismo” y desoyen a la CIDH[2], otra vez los familiares se verían perjudicadas a pesar de 31 años de lucha por saber la verdad.
En resumen, lo que vemos es, cómo este colectivo “fuji-aprismo”, oficialmente FP y APRA, se aprovecha del Congreso para violentar el derecho fundamental a “un juez independiente, autónomo e imparcial” que tienen los familiares de esas dos personas muertas en 1986.
Reflexión, o cerramos los ojos y nos hacemos los locos y probablemente la próxima victima sea cualquier de nosotros, o salimos enérgicamente a rechazarla en defensa del respeto estricto, al menos, de los Derechos Fundamentales.